Actualidad
Privacidades muy públicas

Una voz en el teléfono: grabar las llamadas telefónicas

En Uruguay, el registro de una conversación nunca hizo caer a un presidente, aunque sí causó polémica; hay distintas visiones y opiniones sobre su validez como prueba ante la Justicia

10.07.2020

Lectura: 10'

2020-07-10T06:00:00
Compartir en

Por Leonel García

Hay grabaciones que destruyeron a un gobierno. Richard Nixon había sido reelecto en 1972 como presidente de Estados Unidos con un abrumador 60,7% de los votos. Pero ese inmenso respaldo popular se fue al piso y renunció al cargo el 9 de agosto de 1974, cuando aún le quedaban dos años y medio de mandato. El caso Watergate, la revelación de una trama de espionaje que él mismo había montado y que incluía el registro de todas las llamadas que había hecho entre 1971 y 1973, unas 3.700 horas de charlas telefónicas, lo tumbaron. Así lo asegura, entre otros, el historiador de la Universidad Rice de Texas Douglas Brinkley, coautor de The Nixon Tapes.

Este ejemplo ya valdría para no tomar a la ligera el tema de las grabaciones telefónicas. Lejos de la primera potencia del mundo, en Uruguay estos registros en audio no han provocado la caída anticipada de ningún gobierno nacional, pero sí han causado varios terremotos políticos que llegaron a la Justicia. La polémica por la designación del hoy director de UTE, Julio Luis Sanguinetti, abogado e hijo del expresidente Julio María Sanguinetti, debe parte a los ecos de su presunta implicancia en el caso conocido como Cangrejo Rojo en 2000, mientras era diputado; él siempre negó haber sido quien aparece pidiendo una coima de un millón de dólares a Ricardo Moll Grolero, procesado por estafa. En 2018, las grabaciones de las charlas (por teléfono y en persona) del empresario Walter Alcántara con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Wilmar Valdez desembocaron en la renuncia de este último, la suspensión de las elecciones del organismo rector del fútbol local, la intervención por parte de la FIFA y un culebrón que nadie terminó entendiendo bien. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, debió bajar a días de las elecciones de 2019 su candidatura al Senado y presentó su renuncia al Partido Nacional luego de que se viralizara una conversación con una expareja, donde más allá de las connotaciones sexuales se investigó si hubo abuso de funciones. Finalmente, una conversación entre el empresario y relacionista público Fernando Cristino y la vicepresidenta Beatriz Argimón difundida hace pocas semanas derivó en al menos tres denuncias en Fiscalía sobre presuntas amenazas y grabaciones ilícitas, en un episodio que contiene también aristas absurdas. Desde el gobierno, se indicó que no hay ningún sistema de escuchas telefónicas y se resaltó que solo la Justicia puede pedir la interceptación de una llamada.

En cualquier caso, para cualquier ciudadano, ajeno a cualquier posición de poder, ¿es legal grabar una conversación telefónica? Y llegado el caso, ¿es una prueba de algo para tener en cuenta a la hora de la verdad (o sea, en un juzgado)? Distintos actores consultados por galería reflejan la existencia de dos (o más) bibliotecas y señalan que todo queda librado al contexto, a la interpretación del fiscal o del magistrado actuante. En todo caso, demuestran que el Derecho y la Justicia no son ciencias exactas.

Con quién hablar. Según el artículo 297 del Código Penal, lo que está prohibido es que un tercero intercepte, interrumpa o impida una comunicación telefónica o telegráfica (es una norma de 1934) entre dos personas. El que lo haga es pasible de recibir una multa de entre 20 y 400 unidades reajustables. Por su parte, el artículo 5 de la Ley 18.494 señala que "en la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento", incluyendo escuchas y vigilancias electrónicas que sí o sí deben ser ordenadas por el juez de la causa a pedido del fiscal. Esta es la única excepción permitida para un tercero.

Acá no hay opiniones encontradas, pero sí las hay cuando uno de los participantes de la conversación es quien graba la charla. Para el abogado penalista Mario Spangenberg, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (UCU), esto no es algo que esté prohibido, aun cuando el interlocutor no esté al tanto de la grabación. "Esto tiene una lógica irrefutable: usted elige con quién se comunica, a quién le cuenta sus cosas, a quién revela una información". El letrado adelanta otro elemento: la difusión de esa conversación tampoco sería un delito. "Si a esa persona a la que elegí para contarle cosas las revela, evidentemente yo hice mal en elegir a mi interlocutor".

La única excepción a esto, agrega el decano, sería si esa información requiere una tutela penal -información parte de un secreto profesional, secretos de Estado por un funcionario público o rotura del sigilo sacramental por parte de un sacerdote- y no por la comunicación en sí.

"En Uruguay, por grabar una conversación nunca cometés delito, ¡y la difusión de esa charla tampoco es delito! ¿Qué delito sería? ¿Traición de confianza? Justamente, la privacidad de una charla entre dos personas se basa en la confianza", apunta en la misma sintonía el abogado Andrés Ojeda, penalista y uno de los suplentes de Laura Raffo en la candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Partido Independiente. "A las pruebas me remito: se han divulgado un montón de conversaciones privadas sin consecuencia alguna, como la de (el exsenador Pedro) Bordaberry a (el exsenador Rafael) Michelini y a (el exsecretario de Presidencia) Gonzalo Fernández", agrega, en referencia al sonado episodio de 2006.

En la vereda opuesta se encuentra Beatriz Scapusio, abogada penalista, exfiscal y docente de la Universidad de la República. Para ella, grabar una conversación telefónica solo no sería delito si la otra parte está al tanto de que la charla está siendo registrada (y, por supuesto, está de acuerdo con eso). "Si uno de los interlocutores graba la charla, tiene que avisarle al otro lo que está haciendo. Eso es lo que permite que procesalmente tenga valor de prueba", asegura. Lo contrario, agrega, "incluso violaría derechos constitucionales".

Lo válido y el barro. "Yo me resisto, y con bastante éxito, al uso de las grabaciones como prueba. Eso es algo que se da mucho para los montajes. Yo apunto a la buena fe", señala el abogado Favio Fernández, socio del estudio jurídico que lleva su nombre. Este profesional apela a la llamada "doctrina del fruto del árbol envenenado", en la cual uno de los interlocutores capta una "confesión" de la otra parte, grabándolo sin que este lo sepa y llevando la conversación al terreno que le conviene; "hacerle una cama", según el argot popular. "Acá lo sorprendiste en tu buena fe: yo te estoy hablando en privado de algo y no tengo por qué estar siendo divulgado".

La doctora Scapusio recuerda que la Suprema Corte de Justicia "ha sido muy explícita en que sin consentimiento ni conocimiento la grabación de una charla es una prueba ilícita". Ella actuó como defensora del intendente Moreira -cuya causa fue archivada en febrero y ahora reexaminada por otro fiscal-, por lo que aseguró que la prueba presentada era ilícita. Aun así, pese a sostener esa invalidez, pidió igualmente que se les hiciera un peritaje.

"Yo quería atacar por lo sustantivo y por lo adjetivo. Por lo sustantivo, quería demostrar que así fuera con el consentimiento de Moreira lo grabado era falaz. Y estaba editado: las dos grabaciones tienen 32 acoplamientos y supresiones, conversaciones cortadas burdamente. En un momento se escucha el ruido de la calle, con pajaritos y tránsito, y enseguida había un silencio sepulcral. Yo quería demostrar que lo de las pasantías estaba cortado y acoplado, lo sexual era lo menos importante..., y además, por la forma en que fue obtenida, la grabación era ilícita", concluye.

Siguiendo su criterio, el AUFgate y la polémica con Cristino también serían basados en pruebas ilícitas. Sin embargo, uno de los abogados vinculados a la trama que descabezó la AUF en 2018, y que no quiso ser identificado, precisa que todo el expediente previo se manejó a partir de llamadas de WhatsApp. "¡Claro que sirven como disparador jurídico!", se sorprende.

Este abogado señala que, si bien todavía hay fiscales que consideran que el desconocimiento de la grabación ya invalidaría al audio como evidencia, los avances de la tecnología también han sido acompañados desde lo jurídico. "Diez años atrás, posiblemente fuera difícil reconocer de quién era la voz en una llamada interceptada. Y hoy un audio de WhatsApp funciona como prueba". Mucho más lo haría, agrega, una grabación o una filmación.

Spangenberg también pone en discusión el necesario conocimiento de que la llamada esté siendo grabada por las dos partes. "Si vos me llamás a extorsionarme o amenazarme, yo voy a entregar a la Justicia los audios de la llamada, ¡es obvio que no te voy a avisar que te estoy grabando!", resume.

Uno de los fiscales más notorios de este país, por cuyo despacho han pasado algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos, señala que si el interlocutor sabía que estaba siendo grabado o que, llegado el caso, si bien no estaba al tanto de la grabación admite su participación en la charla (como ocurrió en el caso Cristino-Argimón; como no ocurrió en el Cangrejo Rojo), lo más probable es que le reconozca valor de prueba. "Puede darse igual que una parte presente el audio, pese a que se sepa que se interpondrá un recurso de nulidad, solo para embarrar la cancha. Es que al juez, aunque formalmente lo deseche, le va a quedar repicando la grabación en la cabecita. Aunque no quiera...", dice este representante del Ministerio Público, ducho en saber cómo funcionan esas cabezas

"ESTÁ SIENDO GRABADO"

Pasa mil veces, todos los días. Un usuario llama a una empresa -pública o privada- porque necesita realizar una consulta, evacuar una duda, hacer un trámite, agendar una reunión o un largo etcétera. La contestadora automática lo pone en línea de espera, avisando que "para una mejor atención" la llamada puede ser grabada. Maldita la gracia que le hace al usuario ser grabado, pero no tiene más remedio que hacer la llamada.

"La empresa te está avisando. Si no tenés ganas de que te graben, cortás y hacés la consulta personalmente, ¡es así!", sintetiza la abogada y exfiscal Beatriz Scapusio. Claro: hay empresas donde hacer una consulta presencial es un suplicio, multiplicado exponencialmente en épocas de pandemia. "También yo puedo no tener ganas de que me filmen cuando entro a un comercio y a veces me tengo que bancar el letrerito que dice: ‘Sonríe...'. Están avisando, al menos advierte cuando uno entra al comercio. Cuando uno llama o entra a ese lugar, hay un consentimiento tácito. Si bien puede considerarse que atentan contra la libertad de la persona, yo tengo la libertad de entrar a ese comercio o no, de llamar o no".

Claro que esa libertad puede significar quedarse con la duda, no poder completar el trámite o no conseguir hora en la mutualista.

APLICACIONES PARA GRABAR

Tanto para iOS como para Android abundan las aplicaciones para grabar llamadas. La mayoría de ellas son programables (grabar llamadas entrantes, salientes o ambas), pero también comienzan a funcionar por defecto. O sea: graban la llamada que sea desde el momento en que se atiende el teléfono y sin que esté enterado quien llamó.

Nuevamente, acá se dan las distintas lecturas. Para el abogado Favio Fernández, al no ser ilícito grabar las llamadas, usarlas no comprometería en nada al usuario, más allá de que deberá ir borrando las grabaciones si no quiere que la memoria del celular se le agote. Para su colega Beatriz Scapusio, "si alguien graba a otra persona sin avisarle, por lo menos está teniendo una conducta irregular; ni que hablar si luego lo vas a difundir".