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Debate sobre la laicidad

Cercanías non sanctas: el vínculo entre gobierno y religión

En el país más laico del continente más católico, cada vez que el Estado y la Iglesia se acercan, como la participación del presidente en una oración, se replica el debate sobre la laicidad

14.03.2020

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2020-03-14T06:00:00
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Por Leonel García

El 1º de marzo de 1911, ante la Asamblea General que funcionaba en el Cabildo de Montevideo, el entrante presidente José Batlle y Ordoñez juraba su cargo. Atendiendo a la Constitución, que databa de 1830, lo hizo "por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios". Justo él, un reconocido ateo que en 1892, siendo diputado, mocionó para quitar los términos religiosos de esa misma ceremonia en la que participaba por segunda vez. Enseguida retiró la mano de la Biblia y se dirigió a los legisladores: "Permitidme que, llenado el requisito constitucional, para mí sin valor, a que acabo de dar cumplimiento, exprese en otra forma el compromiso solemne que contraigo en este instante. Juro por mi honor de hombre y de ciudadano que la justicia, el progreso y el bien de la República, realizados dentro de un estricto cumplimiento de la ley, inspirará mi más grande y perenne anhelo de gobernante".

Se patentizaba así la intención de separar Iglesia católica (o toda religión) y Estado, algo que se haría oficial con la Constitución que entró en vigencia en 1919, hace 101 años. Si bien no puede hablarse de un hecho abrupto, desde entonces conceptos como Estado laico, laicidad, laicismo o violación a la laicidad comenzaron a repetirse como elemento de orgullo, acusación, crítica o debate con una frecuencia irregular, más o menos la misma que cuando a un mandatario o funcionario elevado se le ocurre hacer algo mínimamente religioso.

El último capítulo de esa convivencia no siempre pacífica se dio el lunes 2 de marzo. Ese día, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, presidió una "oración interreligiosa" por el nuevo gobierno, asumido el día anterior. A ella asistió el presidente Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y ocho de los flamantes ministros, así como el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. En sí no fue una misa, porque además de la católica hubo en ella otras religiones incluidas (evangélica, evangélica armenia, anglicana y judía), pero bastó para que muchos pusieran el grito en el cielo, atizados aun más con la consignación del episodio por el portal de Presidencia y sus canales en las redes, lo que -argumentaron- le daba un carácter "oficial". No duraron nada las acusaciones de violación a la laicidad.

El artículo 5 de la Constitución de la República a la vez que garantiza la libertad de cultos religiosos sostiene que el Estado no profesa religión alguna. El artículo 159 de la Carta Magna apunta directamente al presidente, señalando que "tendrá la representación del Estado en el interior y en el exterior". Y eso ya alcanza para que cada cual la interprete a su manera.

Voces constitucionales. "Definitivamente, no se violó la Constitución. Ir a una actividad religiosa forma parte de las libertades de cualquier persona y el presidente puede ir a cualquier lado", dice a galería el abogado Martín Risso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Uruguay (UCU). "La discusión que se produjo es porque estamos hablando de algo que trasciende lo constitucional y jurídico: a mucha gente le interesó hacer de esto un posicionamiento político", resume.

Varios dirigentes del Frente Amplio (Fabiana Goyeneche, Santiago Soto o los diputados Sebastián Sabini y Enzo Malán) cuestionaron la presencia de Lacalle Pou en la celebración y su difusión por los canales oficiales. Pero también fueron críticos algunos representantes de la coalición multicolor oficialista, como los colorados Ope Pasquet y Felipe Schipani.

"Violar (la Constitución) es una palabra muy fuerte. Lo que sí es un fenómeno a discutir, es el hecho de que un funcionario participe oficialmente de una ceremonia religiosa", señala otro abogado constitucionalista, el docente grado 5 Jaime Sapolinski, profesor en la Universidad de la República y en el Claeh. Su posición tiene notorios matices con la de su colega ya citado. "Lo que yo sí digo es que los funcionarios públicos tienen que mantener la neutralidad en materia religiosa", subraya.

Consultado por galería, Sapolinski reconoció que es muy difusa la línea entre el ciudadano -que tiene derecho a profesar cualquier religión, y el funcionario público de un Estado laico, y que en el caso del presidente, es su representante mayor. "Cuando (Luis Alberto) Lacalle asumió, un día antes se hizo una oración parecida. Yo no hubiera ido, no soy creyente, a algunos les cayó mal". El abogado refiere a la asistencia del padre del actual presidente a una ceremonia religiosa de carácter no oficial en la iglesia Matriz en la mañana de ese mismo 1º de marzo de 1990, antes de asumir. También recordó una misa en la iglesia de Conventuales que en diciembre de 2012 asistió (y convocó) el presidente José Mujica para rezar por la salud de su colega venezolano Hugo Chávez. Al igual que la del lunes 2, esta ceremonia fue informada en su momento por la web gubernamental. "Yo tampoco hubiera hecho eso, yo prefiero lo laico en serio, pero esa acusación de violar la Constitución... entre una postura sublime y una ridícula hay un paso".

La "neutralidad -agregó Sapolinski- es la mejor solución que los uruguayos inventaron al tema", en alusión a que no todas las religiones estuvieron representadas ese lunes. De hecho, los metodistas declinaron ir y los afroumbandistas no fueron invitados. "No hay que olvidarse que hay un gran porcentaje de uruguayos que no son creyentes", añadió.

Desde principios del siglo XX, como legado batllista, Uruguay ha sido una isla laica en el océano más católico del mundo. Según el Latinobarómetro 2017, en América Latina 60% son católicos y 17% son ateos, agnósticos o no profesan ninguna religión. De acuerdo con un informe de Opción Consultores divulgado en 2019, en Uruguay los católicos son 38% (y solo la décima parte de estos asiste semanalmente a misa), los ateos y agnósticos 21% y los que se definen creyentes sin religión 17%.

Las voces más críticas con el laicismo más extremo sostienen que los reparos ocurren solo con la Iglesia católica, que en Uruguay dista de ser hegemónica. Cuando se instaló la estatua de Iemanjá -deidad máxima del afroumbandismo- en la rambla del Parque Rodó, a principios de la década de 1990, siendo Tabaré Vázquez intendente de Montevideo, nadie se dio por ofendido. Sin embargo, la Junta Departamental de Montevideo rechazó la instalación de una estatua de la Virgen María en el Buceo en 2017.

Nada de ir a misa. Para el profesor de Historia Víctor Rodríguez Otheguy, a quien solo le falta la tesis para su maestría de Ciencia Política, lo ocurrido el martes 2 de marzo de 2020 en la Catedral Metropolitana fue algo "que nunca había pasado antes en la historia del país". Y su opinión, en su carácter de presidente de la Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores, es la más radical de todas las consultadas por galería. A partir del artículo 159, sostiene que el presidente de la República, en tanto representante del Estado y siendo que el Estado no sostiene ninguna religión, debe abstenerse de practicar su fe.

"El presidente de la República es un ciudadano como el resto. Pero por ser presidente, tiene algunos derechos y obligaciones que el resto no. Asume la representación del Estado ante la sociedad y lo representa siempre, en todo lugar y circunstancia, no es un trabajo como el de cualquiera", afirma. Rodríguez Otheguy subraya que la postura de la asociación, que también tiene un equipo de abogados, se respalda en la postura del prestigioso constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, ya fallecido.

"¿Si Lacalle Pou debe abstenerse de ir a misa? Claro, durante los años en que fue electo por la ciudadanía, es el representante del Estado, por lo tanto no debe participar", resume. Si bien destaca que varios de sus antecesores violaron la laicidad -recordando la ya mencionada participación de Mujica en una misa en honor a Chávez-, destaca que esta fue "la primera vez que se hizo una ceremonia religiosa conmemorando la asunción de un nuevo gobierno". Si esto ya daba para cuestionar la violación a la laicidad, la publicación en la web de Presidencia "es una prueba de que se trató de un acto oficial".

El diputado colorado Ope Pasquet ha sido históricamente una suerte de cruzado -valga el término- en favor de la laicidad. El ser parte de la coalición multicolor no le impidió criticar (e ironizar) con la presencia de Lacalle Pou y sus funcionarios más cercanos en la iglesia Matriz. "Todos sabemos que la Constitución dice que el Estado no puede sostener religión alguna y eso ha sido interpretado por (los abogados constitucionalistas) Horacio Cassinelli Muñoz y Miguel Ángel Semino como que no puede dar sostén material ni moral a alguna. Entonces, si el presidente en su carácter de tal va a un templo religioso, no importa que no sea una misa, está contribuyendo con su investidura a prestigiar esa ceremonia y eso es algo que como presidente no puede hacer. Como ciudadano particular sí, pero fue invitado como presidente; a ver, fue con el secretario (Delgado) y el prosecretario (Ferrés) de Presidencia, ¡es evidente que iba como presidente!", expresó.

A diferencia de Rodríguez Otheguy, Pasquet admite que hay situaciones donde la expresión religiosa del mandatario podría ser tolerada. "Si un día va a la parroquia más cercana a La Tahona, disimulado, podría ser un caso claro en el que actúa como un simple ciudadano. Pero no así con las características que mencioné, salvo que (Lacalle Pou) tenga la costumbre de ir a misa con Delgado y Ferrés o sus ministros... Eso, según la Constitución uruguaya, entiendo que no se debe hacer", indicó el legislador.

Laicidades y laicidades. El profesor de Filosofía y Ciencias de la Religión de la UCU Miguel Pastorino señala varios responsables de esta polémica: está la "ignorancia religiosa, fruto del laicismo", el "prejuicio anticatólico" que en este país "instaló el batllismo", está la "ausencia de historia de las religiones" en la educación formal que impide un mayor entendimientos y la influencia del positivismo de Auguste Comte y el marxismo de Karl Marx que relegaron a la fe y a la religión como "maneras retrasadas e infantiles del pensamiento". No hace falta decir que él sostiene que no hubo violación a la laicidad alguna.

Según Pastorino, la aconfesionalidad del Estado uruguayo significa que no hay ninguna institución religiosa que influya en las decisiones del gobierno ni un gobierno que se meta en la interna de las Iglesias (por caso, nombrando obispos). La laicidad sería entonces un acuerdo de convivencia que cambia en cada país. Estados Unidos, México y Turquía, recuerda el docente, son estados laicos; sin embargo, la influencia de la religión protestante, católica e islámica respectivamente en esos países es notoria.

"La cosa es qué entendemos por laicidad los uruguayos y las interpretaciones resultan ser más culturales que jurídicas", asegura. Para él existe una "laicidad positiva" que fue practicada por presidentes como Julio María Sanguinetti -de quien nadie puede decir que es un hombre de fe religiosa, pese a lo cual sugirió dejar levantada la inmensa cruz que recordó la primera visita del papa Juan Pablo II- en Uruguay en 1987-, Jorge Batlle -pese al apellido que portaba- y Tabaré Vázquez, que tanto celebró el Año Nuevo judío en 2015 (lo que también fue consignado en su momento en la web oficial), como participó siendo presidente en un encuentro de la masonería ("No es una religión en sentido estricto, pero es algo análogo a una cosmovisión religiosa") o colocó en la fachada de su casa del Prado la balconera con la frase "Navidad con Jesús", lo que le valió muchas críticas desde sus propias tiendas.

"Pero hay otra forma de entender la laicidad que ha sido la dominante en el batllismo y que hoy está en otros grupos radicales que ven a la religión como a una peste que tiene que estar recluida en un templo", lamenta Pastorino. De cualquier forma, agrega, son las posturas intransigentes, extremas, las únicas que hacen ruido. Si como dice el dicho popular, en la mesa familiar del domingo no se debe discutir de fútbol, política ni religión, este último tema es, al menos en Uruguay, el que menos tirria y menos discusiones genera. ¿Legado del batllismo?

"Sin comentarios"

Según dijeron a galería fuentes de Comunicación de Presidencia, la participación de Lacalle Pou y otros jerarcas en esa oración interreligiosa era parte de la "agenda interna a cubrir". Consultado por este tema el director de la Secretaría de Comunicación Institucional, Aparicio Ponce de León, se limitó a responder vía WhatsApp: "Francamente, no tengo comentarios para hacer al respecto".

El principio del fin y el debate por la cruz

Aunque la historia ha ubicado al líder colorado José Batlle y Ordóñez como el gran artífice de la separación entre la Iglesia y el Estado, fue un presidente blanco, Bernardo Berro, el que dio inicio al proceso de secularización. Esto ocurrió en 1861, cuando un permiso suyo permitió el entierro de un prestigioso médico de San José, Enrique Jacobson, en el Cementerio Central. Jacobson se había negado a abjurar en su lecho de muerte de su condición de masón y eso hizo que las autoridades eclesiásticas se negaran a darle santa sepultura. Según la Constitución, la religión oficial era la Iglesia Católica Apostólica Romana y era ella la que registraba nacimientos, defunciones y casamientos, además de administrar la paz de los sepulcros, que no por nada eran llamados "camposantos".

Ante la furia y el duro reclamo del vicario apostólico de Montevideo Jacinto Vera (el mismo que en 1878 se convertiría en el primer obispo de la ciudad), comenzó una dura puja entre el gobierno y la Iglesia que derivó en que el primero decretó la secularización de los cementerios ese mismo año y el destierro de la autoridad religiosa por 10 meses. Ese terminó siendo uno de los motivos -no el único- que alimentaron la "cruzada libertadora" de Venancio Flores, que era tan caudillo colorado como católico ferviente.

En 1877 la Ley de Educación impulsada por José Pedro Varela provoca que, aunque la enseñanza religiosa en las escuelas era obligatoria, su aprendizaje por los niños de hogares no católicos no lo fuera. En 1879 el registro civil pasó definitivamente de las iglesias al Estado.

Hasta entonces, religión y Estado habían caminado juntos. El único magnicidio de la historia de Uruguay, el del presidente José Idiarte Borda, colorado pero duramente enfrentado a Batlle y Ordóñez, ocurrió el 25 de agosto de 1897 a la salida de un Te Deum en la iglesia Matriz.

En 1906 y 1907, ya durante la primera presidencia de José Batlle, se retiran los crucifijos de los hospitales y se promulga la Ley de Divorcio. En 1909, durante la presidencia de Claudio Williman, se suprime definitivamente la enseñanza religiosa en las escuelas. El enfrentamiento llega a tal punto que desde el segundo gobierno de Batlle se impulsa una secularización de los feriados con suerte dispar: es muy posible que el 8 de diciembre sea más conocido como Día de las Playas que como Día de la Virgen, pero definitivamente la Navidad es más popular que el Día de la Familia; Semana Santa y Semana de Turismo pelean palmo a palmo, a gusto del consumidor.

La cruz del papa. Hoy la enorme cruz de 30 metros de altura ubicada en la intersección de Bulevar Artigas y Avenida Italia ya es parte del paisaje, pero su colocación y mantenimiento fue parte de encarnizados debates que el país no había vivido por 70 años. Había sido levantada durante la primera visita al país del papa Juan Pablo II, el 1º de abril de 1987, y era el ornamento que gobernaba la misa al aire libre que el sumo pontífice celebró ante unas 300.000 personas. El presidente de la República, Julio María Sanguinetti, sugirió dejarla ahí como recordatorio de la visita del religioso, ya que "había unido a todos los uruguayos en un sentimiento común de tolerancia y respeto".

La Junta Departamental de Montevideo se expresó en contra, así como la Gran Logia de la Masonería. Como era esperable, la Conferencia Episcopal apoyó entusiasta la iniciativa. El tema llegó al Parlamento, a través de un proyecto del senador nacionalista Gonzalo Aguirre, quien afirmó que el mantenimiento de la cruz respondía a su condición de "monumento conmemorativo de un acontecimiento histórico" y no como un "símbolo religioso" ni "adhesión del Estado a una determinada religión". El debate fue intenso. "Un jefe de Estado uruguayo no puede promover medidas que impliquen una lesión al principio de laicidad", dijo el diputado Yamandú Fau, por entonces en el Frente Amplio. Su compañero de bancada Francisco Rodríguez Camusso habló de "retroceso grave". En el propio oficialismo de entonces, el senador colorado Carlos Cigliutti expresó: "No creo que sea un espectáculo edificante para un país liberal y laico como el nuestro, que en el sitio de la concurrencia ciudadana, en la calle pública se erija el símbolo de una Iglesia". Sin embargo, el proyecto fue aprobado en el Senado por 19 votos en 31 (los blancos a favor, el Frente en contra y los colorados divididos) y por 48 votos a 41 en diputados.

Este debate tuvo una segunda parte en 2005, cuando el 2 de abril de ese año falleciera Juan Pablo II. Tabaré Vázquez recién iniciaba el primer gobierno de izquierda en Uruguay y propuso el traslado de la estatua del papa polaco, que estaba al frente del Santuario del Señor Resucitado, la parroquia en Tres Cruces cuya administración pastoral fue concedida al Opus Dei, al pie de la histórica cruz. Ese mismo año, la Junta Departamental de Montevideo aprobó el traslado, aunque no hubo unanimidades. "Parece que el papa estuviera dirigiendo el tránsito", ironizó el entonces intendente Mariano Arana.